martes, 23 de agosto de 2011


El Derecho “Al Trabajo”


“La Comisión Directiva ha designado un nuevo abogado para APU. El elegido fue el laboralista Fernando Forio, con gran experiencia en la materia. En el presente artículo, el flamante asesor legal de nuestro gremio expone sus ideas en relación a lo que significa el derecho al trabajo “desde una óptica diferente al frio tratamiento que le damos cotidianamente”, considerando al trabajo como un Derecho Humano Fundamental.”
* Me han pedido que a través de esta publicación me presente al conjunto de los compañeros que integran este colectivo llamado APU.
En principio quiero agradecerles que hayan confiado en mi persona y por consiguiente en el Estudio Jurídico que integro, para ser el asesor legal de este prestigioso Gremio.
Es un verdadero orgullo cada vez que una organización sindical me convoca a trabajar para ella, y este orgullo se manifiesta desde dos aspecto, por un lado por ser la especialidad que uno en la profesión ha elegido, y por el otro, para redoblar esfuerzos, ya que uno siente que está caminando por la vereda correcta, confirmándolo con nombramientos como el producido en APU.
Como abogado laboralista, me gustaría poder trasmitir mínimamente algunas reflexiones relacionadas al derecho al trabajo, pero desde una óptica diferente al frío tratamiento que le damos cotidianamente, donde nos han hecho creer que el derecho del trabajo es la Ley de Contrato de Trabajo y/o el Convenio Colectivo aplicable a la actividad, y que en ese acotado ámbito nos tenemos que mover.
Pero muy pocas veces se dice que el derecho del trabajo comprende los Derechos Humanos Fundamentales, tutelado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y por los diferentes Tratados Internacionales que fueron incorporados a nuestra constitución en la reforma del año 1994, como así también por las resoluciones de la OIT, en nuestra condición de estado parte.
Que quiero decir con esto, que el “sistema” quiere banalizar el derecho del trabajo, y reducirlo a un simple cálculo aritmético, que se obtiene en un largo y desnaturalizado proceso laboral, o se terminan transando en acuerdos conciliatorios “baratos” donde se canjean los derechos del trabajador por unos pocos pesos.
El ordenamiento jurídico, que pretende ser un sistema de organización social justo y de convivencia en paz, deberá, en consecuencia, garantizar a los trabajadores un empleo estable que le posibilite tener un proyecto vital, o sea la posibilidad de construir un plan de vida que les permita pensar, a partir de un piso firme, en un futuro sentido como esperanza.
De esta premisa se desprenden varios derechos laborales que, repetimos, son derechos humanos fundamentales. En primer lugar es derecho al trabajo, que comprende el derecho a no ser privado de él sin justa causa. En segundo lugar la garantía de percepción de la remuneración, de la que se deriva la obligación de todos los que en la cadena productiva se benefician con el trabajo ajeno, de responder solidariamente ante la falta de pago. Ello sin perjuicio de las obligaciones de los Estados de crear fondos especiales para cubrir una eventual insolvencia patronal. Una remuneración digna, por otra parte, no es sólo aquella que le permite al trabajador cubrir sus necesidades y las de su familia, sino la que también contemplan una creciente participación en la riqueza que el trabajador humano genera.
El derecho “al” trabajo es algo inherente a la persona humana, ya que contribuye a respetar y desarrollar materialmente el derecho a la vida, en la medida que el trabajo es, para el asalariado, la exclusiva fuente de recursos de subsistencia y por lo tanto cuando es violado se ataca, mutila a la existencia misma en su dimensión material, y a la dignidad humana en su proyecto existencial.
La idea de ir pensando en una definición más amplia de los derechos de los trabajadores, la quiero plantear en el marco de un retroceso brutal de las condiciones laborales de los mismos, retrocediendo en el tiempo y trabajando en peores condiciones que hace mas de cien años.
Hoy vemos como el mundo se derrumba, y también observamos que quienes condujeron al mundo a un estado de crisis continua, pretenden que sean los trabajadores quienes la soporten, con despidos masivos, flexibilizando las condiciones de trabajo y/o alguna otra receta de este tipo.
Conforme lo establece la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, en la Carta Social Laboral Latinoamericana el Sistema Capitalista está pasando por una de sus peores crisis, ya que los coletazos de la debacle financiera se han trasladado al resto de la economía mundial.
Una de sus peores consecuencias es el flagelo del desempleo, que rompe varios récords en varios países. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha reconocido que la crisis ha barrido con millones de puestos de trabajo. Durante el año 2009 61 millones de personas fueron empujadas hacia la desocupación, y en el mundo hay 241 millones de desocupados, lo que representa la mayor cifra de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo ha llegado casi al diez por ciento, la cifra más alta en varias décadas.
La OIT en su Resolución “Para recuperarse de la Crisis: un Pacto Mundial para el Empleo” manifiesta que la crisis económica mundial “ha puesto al mundo ante una perspectiva prolongada de aumento de desempleo y agudización de la pobreza y la desigualdad”, a la vez que pronostica que, según enseñan experiencias anteriores, la recuperación del empleo solo se alcanzará “varios años después de la recuperación económica”. Este organismo internacional reconoce en su documento que “El mundo debería ser diferente después de la crisis” y mejor agregamos nosotros.
La verdadera crisis del sistema capitalista no se da por la quiebra de sus bancos y la caída de sus bolsas, sino por los más de mil millones de seres humanos que padecen hambre y desnutrición. La crisis es el cuarenta por ciento de la población mundial que sobrevive con menos de dos dólares por día. Es el trece por ciento que no tiene acceso a fuentes de agua limpia y el treinta y nueve por ciento de los habitantes del planeta se quedan con el setenta y cinco por ciento de la riqueza, mientras que el cuarenta por ciento que ocupa la base de la pirámide social sólo posee el cinco por ciento. Está en crisis por que, por ejemplo, más de la mitad de la población del mundo no tiene acceso a un sistema de salud adecuado.
Está en crisis en definitiva, por que producen ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres, no como una consecuencia no querida, sino como resultado natural y lógico de los principios y valores en que se apoya. Esta tremenda desigualdad social que se ve agravada por la impúdica ostentación de riqueza y poder que hacen de minorías privilegiadas. Sectores sociales dedicados al consumismo y al disfrute y que viven en abundancia, que no tienen el menor pudor de exhibir su afán inmoderado de placeres frente a los que sufren miseria, indigencia y exclusión social.
El sistema capitalista ha generado una sociedad materialista e insolidaria, que no se conmueve frente a las situaciones radicalmente injustas que ella misma promueve de manera vergonzosa e inhumana. Un individualismo abyecto que todo lo ordena y subordina al provecho propio, avasallando sin culpa los derechos de los demás.
Una clase social, particularmente en Latinoamérica, que es minoritaria pero rica y poderosa, y monopoliza la producción, el comercio y las finanzas, aprovechando en su propia comodidad y beneficios todas las riquezas. Que goza de una enorme influencia en todos los poderes del estado, y que la utiliza para mantener sus privilegios y reprimir toda amenaza a ellos. No en pocos países latinoamericanos un puñado de familias son propietarias de todos los bienes y riquezas, empujando a la pobreza y a la marginación a la inmensa mayoría del pueblo.
Es claro, entonces, que el capitalismo, en cuanto a la pretensión de todo orden social de ser justo, ha fracasado. Pero la caída del muro de Berlín y el colapso del llamado “socialismo real” ha dejado un vacío que aún no ha podido ser ocupado: la ausencia de un modelo social alternativo, apoyando e principios y valores diferentes.
Pero es claro que entre el fracaso de un modelo social y su reemplazo por otro hay un largo trecho. Una cosa es tomar conciencia del agotamiento del modelo neoliberal, y otra muy distinta es ofrecer una alternativa creíble y convocante. Para ello tenemos que establecer con claridad los principios fundamentales del nuevo orden social que anhelamos, elaborando una agenda concreta y realista de políticas e iniciativas. Un proyecto de cara del siglo XXI, que coloque al trabajador en el centro del escenario, que acabe con el flagelo del desempleo, que proponga una equitativa distribución del ingreso, que profundice y que baje a la realidad la justicia social.
El ordenamiento jurídico, que pretende ser un sistema de organización social justo y de convivencia en paz, deberá, en consecuencia, garantizar a los trabajadores un empleo estable que le posibilite tener un proyecto vital, o sea la posibilidad de construir un plan de vida que les permita pensar, a partir de un piso firme, en un futuro sentido como esperanza.
Pero todos estos derechos serían una mera fantasía si no se garantizara a los trabajadores la posibilidad de organizarse para defenderlos. Para ello la legislación debe asegurarles la libertad de asociación y la democracia interna. Sindicatos fuertes y dirigentes gremiales auténticamente representativos, democráticamente elegidos, y que sean la correa de transmisión de las demandas de sus bases y no voceros de los poderes constituidos, son la única garantía de la efectividad de los derechos laborales.
Los representantes sindicales deberán gozar de la tutela necesaria para la ejecución de sus mandatos, sin temor a represalias que puedan afectar su empleo o sus condiciones de trabajo. Además deberá descalificarse todo tipo de discriminación o sanción contra cualquier trabajador o activista sindical, con motivo del ejercicio legítimo de sus derechos sindicales.
Lamentablemente observamos que en muchos países de Latinoamérica, y en Argentina especialmente, se violan sistemáticamente los Convenios 87, 98 y 102 de la OIT, sobre Libertad Sindical, Contratación Colectiva y Seguridad Social. El poder político siempre ligado y preocupado por los intereses del poder económico, con ellos el sindicalismo empresarial, intentan evitar que los trabajadores puedan constituir libremente sus organizaciones y elegir dirigentes auténticamente representativos.
Por lo tanto tenemos que bregar por un mundo mas justo, empezando por ser solidario con quien tenemos a nuestro lado, involucrándonos en ser parte del cambio, no siendo indiferente y construyendo una clase trabajadora con identidad, que se reconozca y enorgullezca como tal.
FERNANDO FORIO
Abogado Laboralista
Asesor legal del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata
Asesor legal del Sindicato Gas (STIGAS)
Asesor legal de la CTA Local
Miembro fundador de la Asociación de Abogados Laboralistas del Sudeste de la Pcia de Buenos Aires.
Y desde junio Asesor legal de APU.

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